Buscan modificar la Ley General de Servicios Sanitarios para garantizar un suministro mínimo a los usuarios

Pese a que hoy en día la legislación permite el corte de los servicios de agua potable cuando los usuarios no pagan sus cuentas, el proyecto presentado por un grupo de parlamentarios, considera que por motivos sanitarios y de derecho colectivo, las empresas deben asegurar un suministro mínimo.

La moción señala que la Ley General de Servicios Sanitarios, faculta a las empresas proveedoras para suspender el servicio, con un aviso previo de al menos 15 días a los usuarios que no hayan realizado el pago adeudado a la empresa.

Asimismo, se entiende que la situación de que se faculte a las empresas que abastecen de agua a la población, a que puedan realizar un corte total en el servicio, genera un mayor riesgo a que los usuarios que se encuentran con su servicio de agua cortado contraigan enfermedades.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ha informado que la mejora del abastecimiento de agua reduce entre un 6% y un 21% las enfermedades estomacales, si se contabilizan las consecuencias graves.

A esto, se suma la declaración de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual estima que entre los principios fundamentales de igualdad, dignidad humana y justicia social, se encuentra el derecho de cada mujer, hombre y niño a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento, así como también el derecho a un medio ambiente sano.

De este modo, los autores de la moción consideran que a causa de los múltiples problemas de salud, el incremento de enfermedades y otros problemas sanitarios que supone el corte de suministro y, considerando el derecho de las personas a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento, es necesario un resguardo del suministro básico de agua potable.

Es así como se agrega en la legislación que previo aviso de 15 días, los servicios a usuarios que adeuden una o más cuentas serán suspendidos y se cobrará el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente. Sin embargo, tratándose de usuarios residenciales, se deberá garantizar durante la suspensión, el suministro básico y necesario para la higiene, salud y consumo de los residentes.

El proyecto de ley (boletín 6547) fue presentado por los diputados RN Francisco Chahuán y René Manuel García; por los PPD Patricio Hales, Jaime Quintana y Eugenio Tuma; por el PRI Jaime Mulet y la diputada independiente Alejandra Sepúlveda y será analizado por la Comisión de Obras Públicas.

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